CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México presentó ante las autoridades electorales una denuncia por la multimillonaria 'campaña negra' contra el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en 2017 y 2018, mediante un documental, informó el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, federal), Santiago Nieto.

Nieto aseguró que los movimientos financieros detectados, que suman en total unos 167 millones de dólares, serían ilegales porque 'la ley de delitos electorales prohíbe que exista financiamiento ilícito en las campañas', como la serie titulado 'Populismo en América' que retrató a López Obrador junto con líderes latinoamericanos de Venezuela, Brasil y Argentina.

<strong><a href=Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México' title='Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México'>© REUTERS / Henry RomeroMéxico: la ultraderecha urde un complot contra López ObradorDos compañías con nombres similares, Grupo TV Promo y TV Promo, recibieron 47,9 millones de pesos (unos 24 millones de dólares) de dos personas identificadas como 'Alejandro Jesús Quintero Iñiguez y el señor Piña, para realizar la serie y realizar la campaña negra', informó Nieto.

El funcionario de la UIE, dependencia investigadora de la cartera federal de Hacienda, presentó el origen de fondos de las campañas vinculados al Gobierno del Estado de México, durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Eruviel Ávila (2011-2017), quien fue en 2017 presidente de ese partido y ahora es senador.

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Los fondos para el documental salieron de un bufet llamado 'Proyectos de Información y Análisis', y la información del sistema financiero 'reporta que las empresas están fuera de su perfil, y han sido utilizadas para una posible empresa fachada y desvió de recursos del Gobierno', explicó el titular de la UIF en la conferencia de prensa diaria de López Obrador.

Cartel con el logo del <strong><a href=Gobierno de México' title='Cartel con el logo del Gobierno de México'>© REUTERS / Edgard GarridoUn nuevo sexenio, una nueva era para MéxicoEse bufete también recibió 186 millones de pesos (más 9 millones de dólares) provenientes de OHL México (filial de la constructora española), además de 2.500 millones de pesos (125 millones de dólares) 'provenientes de la coordinación del programa de apoyo a la comunidad del Gobierno del Estado de México (centro) sin una aparente justificación'.

También recibió 3,6 millones (casi 2 millones de dólares) y 14 millones de pesos (unos 7 millones de dólares) en 'servicios administrativos', de dichas empresas, según el resultado de la investigación 'sobre la ruta del dinero de las empresas'.

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La ley electoral prohíbe, primero, financiamientos de parte de la delincuencia organizada; y segundo, de empresas o personas con aportaciones mayores a las permitidas por la Ley General de Partidos Políticos, que impide a empresas particulares otorgar recursos a partidos en campañas.

La campaña negra

<strong><a href=Andrés Manuel López Obrador, presidente de México' title='Andrés Manuel López Obrador, presidente de México'>© REUTERS / Daniel BecerrilLópez Obrador desmiente haber sido comunista como afirma un archivo de espionajeLos fondos fueron entregados a las empresas encargadas de elaborar el proyecto de 'Populismo en América', y el hecho de que no existe una permanencia de recursos en las cuentas de las empresas, 'podría implicar los delitos mencionados'.

La campaña retrató al ahora presidente López Obrador junto con imágenes de expresidentes latinoamericanos emblemáticos de izquierda, como el venezolano Hugo Chávez (1999 hasta su muerte en 2013), Luiz Inacio Lula Da Silva (2003-2010), y el argentino Juan Domingo Perón (1946-1955; 1973-hasta su muerte en 1974).

'Terceros no pueden contratar a espacios en los medios con fines electorales, para beneficiar candidatos, las campañas negras están prohibidas, y el financiamiento ilícito de campañas electorales y la facultad de fiscalización corresponde a la autoridad electoral', dijo Nieto.

Por su parte, López Obrador señaló que si estuviera en vigor una reforma que catalogará como grave los delitos electorales, los involucrados en este caso podrían ir a la cárcel, pero que el proceso no puede ser retroactivo.

La imagen de <strong><a href=Andrés Manuel López Obrador, presidente de México' title='La imagen de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México'>© REUTERS / Edgard GarridoLa primera batalla perdida del Gobierno de AMLOEl presidente hizo una 'reivindicación pública' de Santiago Nieto, como 'reconocimiento a la denuncia que realizó', de un caso de corrupción cuando era el fiscal especial para delitos electorales, y fue destituido por revelar a la prensa esa investigación.

Ese caso, trata de los contratos otorgados a la constructora brasileña Odebrecht por Emilio Lozoya, siendo director de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a cambio de sobornos pagados para la campaña presidencial del PRI en 2012, cuando fue candidato el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

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López Obrador dijo que 'sí se prueba que los hechos denunciados son ciertos, los responsables serán sancionados, nada más que son sanciones leves que causan risa', denunció el mandatario.

AMLO muestra la tintura en su pulgar tras ejercer su derecho al voto© Sputnik / Eliana Gilet'Esta es la traición más grande a las promesas que ha hecho AMLO'Nieto explicó que, en este momento, la legislación solo castiga esos presuntos delitos con tres meses o seis años de prisión, pero no amerita prisión inmediata, por lo tanto permitiría la libertad bajo fianza y sin prisión preventiva oficiosa.

'Si el tema se judicializa podría terminar en proceso abreviado, aceptando culpa sin prisión, un acuerdo de reparación del daño sin prisión, que fue diseñado para proteger a la clase política que cometía las irregularidades', relató Nieto.

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El caso ejemplar fue presentado luego de que el presidente aplaudió las reformas constitucionales que catalogan a la corrupción, el peculado y el robo de combustible como 'delitos graves', que serán castigados con cárcel sin derecho a fianza ni a prisión domiciliaria, a las cuales aún falta reglamentar con leyes secundarias.

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