Por Carlos Burgueñocburgueno@ambito.com.ar

Techint consolidó ayer su virtual divorcio con Mauricio Macri, al dar el paso que más le duele al Ejecutivo.
Tecpetrol, la petrolera del grupo de la familia Rocca, le inició formalmente una demanda al Gobierno nacional por unos u$s55 millones; al no haberse llegado a un acuerdo en la negociación por los subsidios correspondientes a la inversión de la compañía en Vaca Muerta.
Por el nombre del demandante y el objeto del conflicto (la inversión privada en uno de los únicos polos productivos que en estos cuatro años pudo desarrollarse); para el macrismo representa un duro golpe en un momento difícil.
Se reconocía ayer en el Ejecutivo que el anuncio implica un nuevo e incómodo capítulo en la actualmente complicada relación entre la administración pública nacional y varios de los representantes del 'Círculo Rojo'.

'Tecpetrol informa que presentó hoy (por ayer) una demanda judicial solicitando la declaración de nulidad de las Resoluciones de la Secretaría de Gobierno de Energía' consignó la información distribuida por la petrolera, demandando al estado por un monto aproximado de $2.500.000.000 (unos u$s55 millones al tipo de cambio actual), más los intereses correspondientes.
Ahora, y salvo que el Gobierno se declare culpable, algo utópico, la demanda deberá ser resuelta por la próxima gestión, en lo que hasta ahora representa el conflicto judicial más importante por monto e implicancia política y económica que dejará la primera gestión macrista.

La historia del conflicto mezcla la idea de desarrollo oficial de Vaca Muerta y las consecuencias de la devaluación producto de la crisis del 2018.
El 8 de febrero pasado, Techint había dejado en claro cuál era, de no llegar a un acuerdo con la Nación, su intención final.
Ese día, la petrolera había informado a la Bolsa que presentaba recursos jerárquicos contra las resoluciones de la Secretaría de Energía que liquidaron las compensaciones previstas en la resolución 46 de 2017, limitando los subsidios a la producción de gas proyectada originalmente por la empresa y no a la efectivamente alcanzada.
Se amparaba en la resolución 46 dictada por el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, donde se le permitía a la empresa que por el gas extraído por Tecpetrol en el área Fortín de Piedra de Vaca Muerta, tendría asegurado un valor de u$s7,50 en 2018 y de u$s7 en 2019.
La diferencia de ese precio y el percibido al venderlo a terceros, debía ser cubierto por el Estado, según la negociación firmada por Aranguren.
Luego, el año pasado, Tecpetrol aumentó aceleró en aproximadamente 160% su producción en Vaca Muerta, acelerando el ritmo desde julio y pasando de los 8,5 millones de metros cúbicos diarios ese mes a más de 17 millones desde noviembre, siendo 8,5 millones el objetivo planteado al presentar el proyecto.
Hubo un hecho exógeno a la actividad de Vaca Muerta que complicó el acuerdo firmado entre Techint y la Nación: la megadevaluación del 2018, que en ese período provocó un incremento del dólar de aproximadamente 50%.
Luego, para el Estado, el monto del subsidio se transformó en impagable.

El plan de subsidios firmado por Aranguren, estuvo además en la mesa de negociaciones con el FMI en la renovación del stand by de septiembre del año pasado.
El organismo financiero criticó el contrato y le reclamó al Gobierno argentino una renegociación de los montos comprometidos en los subsidios, incluyendo una discusión del dinero que ya se le debía a las petroleras.
Desde el Palacio de Hacienda se le dio la razón al FMI, y para este capítulo de Vaca Muerta el presupuesto aprobado a fines del año pasado se destinaron unos u$s700 millones totales, sin posibilidad de indexación.
Esto implica que el sector público nacional está impedido de aumentar el monto destinado para este fin, con lo que aún si quisiera pagar lo que reclama Tecpetrol no tendría el dinero disponible ni la autorización para recurrir a fondos de otras áreas.

Al no tener dinero disponible ni haber securitizada la operación ante eventuales crisis financieras y cambiarias (como una devaluación), en octubre del año pasado, la entonces Secretaría de Energía que manejaba Javier Iguacel, tomó la decisión unilateral de interrumpir el programa de subsidios a Techint según los montos totales producidos en el área de Vaca Muerta, y limitarlo al monto original sin el incremento en la producción efectuado por la petrolera.
Ante esto, Tecpetrol presentó el 30 de enero pasado ante la Bolsa de Comercio un escrito donde se afirmaba que al liquidar la compensación correspondiente a abril, mayo, junio y julio de 2018, la Secretaría de Energía consideró la totalidad de la producción aun cuando superaba las proyecciones.
Según la petrolera, 'el cambio de criterio de pago alcanza retroactivamente a las liquidaciones de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2018, lo que implica hasta septiembre 2018 un menor pago de $1.994 millones y, si se mantuviera para todo 2018, el impacto ascendería a $5.655 millones'.
Luego, en febrero, Techint dio un paso más y expresó que las liquidaciones sobre el volumen proyectado de gas 'constituyen una clara violación del Artículo 17 de la Constitución Nacional, al afectar derechos adquiridos de la Sociedad que habían sido reconocidos por la propia conducta del Estado, sin perjuicio de otros defectos legales que los recursos explicitan'.
La compañía refería al artículo 17 de la Constitución Nacional donde se establece que 'la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley' y que 'la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada'.

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