Miles de mujeres ganarán las calles para hacer sentir su voz y expresar el absoluto repudio al fallo de impunidad, que la Justicia dictó en los últimos dí­as respecto del femicidio de Lucí­a Pérez.

'Cuando el Estado te da la espalda, redoblar la lucha esuna obligación'.
Con el caso de Lucí­a Pérez como estandarte, la mareafeminista volverá a inundar las calles de las principales ciudades del paí­s, parareclamar el fin de la impunidad en los casos de femicidios y por la aplicaciónefectiva de polí­ticas tendientes a erradicar la violencia de género en todossus aspectos.

En nuestra provincia, la medida se concretará a las 19 enplaza Independencia.
Allí­, y en simultáneo con el resto del paí­s, miles demujeres alzarán la voz para exigirle al Gobierno que articule medidas concretascontra esta problématica; también reclamarán a la Justicia que 'deje deproteger a los asesinos de mujeres'.

'El fallo es muy preocupante realmente porque les dicea los agresores que nos pueden matar sin tener que pagar las consecuencias.
Espor eso que marchamos, porque queremos que se acaben este tipo de situaciones ypara ello necesitamos una verdadera Justicia', reclamó Yanina Muñoz,referente de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, en diálogocon Radio Prensa.

Más allá del caso de Lucí­a, a nadie escapan los motivos defondo que llevan a que por segunda vez en menos de una semana el colectivo demujeres salga hoy a las calles.
Las preocupantes cifras hablan por si solas.Según los datos del Observatorio de Mumalá, sólo en los últimos 10 dí­as secometieron 13 femicidios en Argentina.
En Tucumán, que en la última semana sumóun nuevo caso, fueron asesinadas 17 mujeres en lo que va del año, un 70% másque en todo 2017.

Nunca en nuestra provincia se habí­an registrado tantos crí­menesde género como este año, lo que pone de manifiesto la necesidad de instrumentarcuanto antes herramientas concretas que protejan a nuestras mujeres y a sushijos -si los tienen-.
En este sentido, la Ley de Emergencia en Violencia deGénero, sancionada el 21 de diciembre de 2016, pretendió ser ese instrumento.Lamentablemente, el Ejecutivo tardó casi un año en reglamentarla y a pocos dí­asde que pierda vigencia aún no cuenta con presupuesto.
'Lo que debí­a ser elprincipio de una solución definitiva se quedó en una mera cuestión declamatoria',expresó al respecto Vicky Disatnick, de la Casa de las Mujeres Norma Nassif.

La Legislatura puede 'resucitar' la normativa, aprobandosu extensión por otros 2 años.
Pero hasta aquí­, salvo algunas expresiones afavor, la mayorí­a de los representantes del pueblo tucumano se mostraron máspreocupados por la contienda electoral que se aproxima que por dar respuestasal colectivo Ni Una Menos.
'No nos han mostrado ninguna voluntad de darnosrespuestas.
Si no se trata en estos dí­as, habremos perdido una oportunidad única',remarcó Muñoz.
Disatnick coincidió: 'nuestra preocupación pasa porque nohemos visto voluntad polí­tica para poner fin a los femicidios y la violencia degénero'.

A nivel nacional la cosa no cambia.
Este año, el gobierno deMauricio Macri destinó para el Instituto Nacional de las Mujeres un total de $11,36por cada mujer ví­ctima de violencia machista.
Eso, sin tomar en cuenta lainflación, que para fines de diciembre habrá perforado la barrera de los 40puntos, y se habrá 'comido' un 18% de las partidas.
Para 2019, elpresupuesto del Instituto sufrirá una reducción del 19,11%, como parte delajuste generalizado que aplicará el Gobierno, limitando considerablemente sucapacidad de acción.
Entre otras funciones, este organismo tiene a su cargo latarea de profundizar y jerarquizar polí­ticas públicas para favorecer laigualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación y la violencia degénero.

'Necesitamos que el Estado construya soluciones y dejede mirar hacia otro lado.
Necesitamos por lo pronto que se genere un mapa desituación preciso para, a partir de allí­, diagramar acciones y herramientaspara erradicar la violencia.
Necesitamos que los Gobiernos nacional y local setomen en serio esta problemática y aporten todas las herramientas que seannecesarias para solucionarla', remarcó Muñoz.

¿Que soluciones debí­a brindar la ley de Emergencia enViolencia de Género?

El texto de la ley 8.981 tiene por objetivo “revertir elnúmero de ví­ctimas”, “reforzar la polí­tica preventiva” y “optimizar losrecursos del Estado en la lucha contra este grave flagelo social”,estableciendo “como polí­tica prioritaria para el Estado provincial” laconcreción de ocho objetivos, entre los que figuran: el diseño y ejecución deacciones y programas especí­ficos; la celebración de convenios con la Nación; lacreación de espacios fí­sicos transitorios para la contención y atención deví­ctimas; reforzar el funcionamiento del sistema judicial con competencia en laproblemática; fortalecer la tarea de las ONG y de asociaciones intermedias;implementar el Registro íšnico de Denuncias para la elaboración de estadí­sticas;y brindar capacitación en las comunas rurales.

De los ocho objetivos propuestos en la normativa, uno de losmás reclamados por el colectivo de mujeres es la construcción de refugios para quienessufren de violencia doméstica, situación en la que ocurren la mayor cantidad defemicidos.
Al dí­a de la fecha, la Provincia no logró inaugurar ni uno sólo deestos espacios. 

Otro de los puntos más sentidos para las mujeres ensituación de violencia tiene que ver con las posibilidades de independenciaeconómica, una condición necesaria para que puedan abandonar el hogar quecomparten con su agresor.
En este sentido, exigen la entrega de subsidios estatalesy la creación de instancias de capacitación que permitan la inserción de lasmujeres en el mercado laboral.

Por otro lado, esta el reclamo contra la falta de acceso ala Justicia, una cuestión fundamental a resolver si se quiere avanzar en materiade prevensión.
Según denunciaron desde Mumalá, en muchas ocasiones lasdenuncias por violencia de género terminan cayendo en saco roto por la falta dereacción y/o de recusos de los organismos de Justicia que deberí­an resolverestas cuestiones.
En otros casos, es la indiferencia de quienes deben captaresas denuncias lo que obstaculiza el proceso.
'Son muchí­simas las mujeresque van a realizar una denuncia y que son ignoradas bajo un prejuicio históricoque aún no hemos podido superar.
El oficial o agente de justicia que deberecibir la denuncia presupone que la ví­ctima reestablecerá la relación con suagresor y por eso no toma la denuncia.
Por todos estos temas es que no podemos dejarde luchar', concluyó Muñoz.

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